El sector combina prestadores públicos y privados —hospitales, clínicas, laboratorios clínicos y centros de imagenología—, aseguradores, la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, y un segmento creciente de salud digital y biotecnología. Es una industria intensiva en personal calificado y fuertemente regulada en cada uno de sus eslabones.
Chile destina el 10,5% de su PIB a salud, por sobre el 9,3% que promedia la OCDE, aunque con un gasto per cápita de US$3.749 frente a los US$5.967 del promedio del bloque. El país cuenta con 3,3 médicos con licencia por cada mil habitantes, y las familias asumen directamente el 62% del gasto en medicamentos.
La restricción estructural es de personas, no de infraestructura. A diciembre de 2024 la red pública contaba con 24.073 jornadas médicas completas equivalentes, y el Plan de Inversiones en Salud 2025-2035 estima que hacen falta otras 7.157 —un 30% más— solo para que la infraestructura proyectada opere de manera adecuada. Las brechas se concentran en oncología, medicina intensiva, urgencia, geriatría y anestesiología, y se agudizan fuera de la Región Metropolitana.